“Historias como la de Sara se pueden ver en todo el Perú. Ella y los vecinos de Pamplona Alta, que se sienten seres invisibles frente a las autoridades, no piden un regalo sino acceder a derechos básicos.”
Por CECILIA NIEZEN, Oficial de Comunicación, Oxfam en Perú.
Publicado en América Economía.
Conocí a Sara Torres (45 años y madre de dos hijos) en una visita al asentamiento humano Nuevo Milenio, que pertenece a Nueva Rinconada-Pamplona Alta, una de las zonas más altas y podres del distrito limeño de San Juan de Miraflores, donde más de 65.000 habitantes han ocupado las laderas de los cerros y formado 143 asentamientos humanos.
Una de las razones de mi visita era conocer las dificultades que enfrentan los vecinos de esta zona para acceder a servicios básicos, como el agua potable, que están tan cerca de zonas limeñas que poseen todos los servicios. Sin embargo, una de las primeras cosas que hizo Sara fue señalarme el enorme muro de concreto que divide Pamplona Alta de la exclusiva zona de Las Casuarinas. “Este es el muro de la vergüenza”, dijo. “Somos pobres, pero no delincuentes”. Subimos hasta el muro, para lo cual hay que caminar por una pendiente bastante empinada, y llegamos a la parte más alta, donde esa interminable barrera física infranqueable, de unos tres metros de alto y con púas, marca la división entre ambos lugares. Pero sabemos que marca otras divisiones también.
Sara dice que el muro es un símbolo claro de la exclusión social que luchan por romper. Pero la prioridad no es derrumbar ese muro físico, sino romper la desidia de las autoridades. Lo mínimo –dice Sara– es acceder a agua potable. En Nueva Rinconada, ninguno de los hogares cuenta con conexiones de ese servicio.
La dinámica alrededor del agua es similar todos los días: camiones cisterna, cilindros de agua, personas con baldes que suben empinadas escaleras, pilones proporcionados por Sedapal, en la parte baja del cerro, y una red de mangueras impulsadas por bombas atraviesa las escaleras que solo llegan hasta una parte del cerro, con el fin de abastecer a los pobladores que se ubican en las zonas más altas. Aproximadamente 92% de personas de Nueva Rinconada compra agua a los camiones cisterna. En promedio pagan S/.3 por 100 litros de agua, que llenan un cilindro. Una familia promedio (cinco miembros) consume aproximadamente un cilindro diario, y gastan S/. 90 mensuales, tres veces más que quienes tienen el servicio de agua domiciliaria. En las partes más altas la situación se agrava, pues se necesita bombear el agua hasta sus casas, lo que genera un gasto adicional de S/. 10 por cilindro. Así, en Lima, mientras más pobre eres, más pagas por agua.
Uno de los problemas que se presenta para el acceso a recursos básicos como el agua es el saneamiento legal de las tierras. Como en muchas zonas de Lima, los orígenes de Nueva Rinconada se remontan a una invasión iniciada 15 años atrás. Esa informalidad limita su acceso a servicios básicos, pues se trata de un requisito del gobierno para proveer esta infraestructura básica. En Lima un millón de personas no tiene conexión domiciliaria al agua.
En un país con una economía que creció 6,5% en promedio anual entre 2005 y 2012, uno de los retos es que las brechas de desigualdad se reduzcan y no se agudicen. Las cifras de reducción de pobreza monetaria dan cuenta de casi 25 puntos porcentuales menos en solo diez años (de más de 50% a menos de 25%). Sin embargo, un informe de Oxfam Perú señala que, por ejemplo, si en 2004 un poblador rural tenía el doble de probabilidades de un poblador urbano de ser pobre, hoy esa probabilidad es el triple. El acceso al agua en el país es otro ejemplo de brecha de desigualdad: personas pobres en Lima pueden llegar a pagar hasta diez veces más por este recurso que una persona de zona residencial.
Historias como la de Sara se pueden ver en todo el Perú. Ella y los vecinos de Pamplona Alta, que se sienten seres invisibles frente a las autoridades, no piden un regalo sino acceder a derechos básicos. Y eso sería solo una pequeña parte de todo lo que encierra la palabra ‘inclusión’.