La protesta social no es un crimen
“El Estado siendo garante de los derechos de las personas y grupos afectados, ha recurrido lamentablemente a formas de represión e instrumentalización de mecanismos legales.”
Desde inicios del año 2006 hasta fines del 2014, se ha registrado 250 muertos y cerca de 3,600 heridos en conflictos sociales. La mayoría de estos conflictos nacieron para defender derechos relacionados al acceso y control sobre la tierra, a recursos naturales, beneficios y posibles afectaciones ambientales. Estos niveles de confrontación y violencia resultan de un proceso de reclamos sociales no atendidos, que terminan escalando a niveles de crisis, y de políticas erróneas de intervención.
La publicación “La Criminalización de la protesta social y el caso Majaz” argumenta que las demandas sociales evidencian situaciones de exclusión de diversos sectores de la población en la toma de decisiones. En la explotación de recursos naturales, y en la definición de futuras inversiones, el sector privado es el que tiene mayor peso en la toma de decisiones. En ese sentido, el Estado peruano privilegia la extracción de minerales e hidrocarburos, mostrando poca preocupación sobre las poblaciones impactadas y sobre el ambiente. Esto viene originando tensión y conflictividad social en las localidades donde se implementan estos proyectos extractivos.
"El Estado siendo garante de los derechos de las personas y grupos afectados, o en situación de riesgo, ha recurrido lamentablemente a formas de represión e instrumentalización de mecanismos legales. Todo ello, para sancionar la protesta social y desestabilizar a las organizaciones que reclaman, basándose en el falso argumento de que se afecta la tranquilidad pública, la seguridad jurídica, las grandes inversiones y la propiedad privada. Incluso responsabilizando de la paralización de varios proyectos mineros a las comunidades y poblaciones rurales que reclaman se respete sus derechos" explicó Miguel Levano, de Oxfam en Perú.
El manejo de las manifestaciones de la conflictividad social contrasta seriamente con el perfil que ha logrado el Estado peruano, como un ejemplo en Latinoamérica, en cuanto a sus tasas de crecimiento macroeconómico y sus políticas de inclusión social. Casos como Bagua, Conga, Espinar, Tía María, entre otros, son ejemplos de una conducción y ruta equivocadas.
En ese contexto, analizamos la criminalización de la protesta en el Perú, a partir de las leyes vigentes, así como a la experiencia del litigio estratégico o defensa legal de casos emblemáticos como sucedió con el proceso frente al proyecto minero Río Blanco, en Piura, que fue conocido como el caso Majaz. Este revela síntomas y procesos que se repiten en otros conflictos sociales del país.