La Palma Aceitera muestra de tres tipos de conflictos: deforestación, conflictos territoriales como tráfico de tierras y desposesión de pequeños campesinos y la subordinación económica de los pequeños campesinos a las industrias del monocultivo.
En la sala de conferencias del Centro Cultural de la PUCP, a las 6pm del día 01 de setiembre 2016, se presentó la publicación de Oxfam “Hacia una Ecología Política de la Palma Aceitera en el Perú”, elaborada por el especialista Juan Luis Dammert. La presentación del autor estuvo acompañada de exposiciones de representantes del MINAGRI, Defensoría del Pueblo, AIDESEP como representación de los pueblos indígenas y de JUNPALMA que brindó la visión de los productores.
Vladimir Pinto, coordinador del Programa de Derechos Territoriales e Industrias Extractivas de Oxfam en el Perú, explicó que la atención de su institución sobre el crecimiento de la palma en la Amazonía, responde a la experiencia sobre tres tipos de conflictos que se constatan en otros países del sudeste asiático y centro américa: Deforestación; Conflictos Territoriales como tráfico de tierras, desposesión de pequeños campesinos (estos dos ya empiezan a ser evidentes en el Perú, pese al incipiente desarrollo de la industria de palma); así también se constata la subordinación económica de los pequeños campesinos a las industrias del monocultivo en otros países donde se desarrolla la agroindustria. Todo ello nos presenta grandes riesgos en un escenario nacional de amplio crecimiento de la pequeña agricultura en la selva y debilidad institucional de los órganos rectores y reguladores.
Juan Luis Dammert explicó que su motivación central ha sido entender desde la óptica de la ecología política, los fenómenos vinculados a este cultivo que es altamente demandado en el mercado global y que busca nuevas áreas de expansión. En un escenario como el Perú, cuyas selvas reúnen condiciones biofísicas óptimas para el desarrollo de la palma y que tiene “ventanas legales” para que los productores adquieran grandes extensiones de bosques y las utilicen como área agrícola (como demuestran las operaciones del Grupo Melka en Loreto y Ucayali) el riesgo es alto. Analizando además la legislación ambigua, la institucionalidad precaria y los legítimos intereses de los diversos actores en juego lanzó la pregunta de si es aceptable, deseable o controlable la gran agricultura capitalista en la Amazonía
Fernando Castro Director de Políticas y Normatividad Agraria del MINAGRI, presentó el Plan Nacional de Promoción del desarrollo Sostenible de la Palma Aceitera y explicó el proceso previo a su aprobación. El sector entiende que el documento ya ha sido sometido a participación ciudadana y puede ser aprobado. Invitó a una reflexión sobre el contexto complicado del desarrollo de esta actividad en zonas afectadas por el terrorismo y el narcotráfico, frente a las cuales la palma resulta una alternativa exitosa. Comentó que desde su lectura, el gremio nacional de palmicultores está comprometido con un desarrollo de la industria que respete parámetros sociales y ambientales que su Ministerio ha concertado -en este plan- con los demás entes estatales involucrados. Lamentó que en el proceso la sociedad civil haya tenido débil participación, lo cual no fue la voluntad de su sector
Roberto Espinoza, asesor de AIDESEP, mencionó que los pueblos amazónicos tienen una preocupación por el desarrollo de esta actividad y otros cultivos (papaya, café, etc) que avanzan en un escenario de poco compromiso institucional por la titulación de las comunidades indígenas, pese a que existen recursos suficientes para atender la demanda de titulación pendiente. Alertó que la palma es un cultivo aún incipiente pero que crece exponencialmente y ya está chocando con territorios indígenas como en Santa Clara de Uchunya, Ucayali. Desde Aidesep, dado el complejo panorama descrito, han solicitado suspender las concesiones para palma aceitera hasta que no se reformen leyes y procedimientos para evitar casos de deforestación o afectación territorial. Asimismo lamentó que las únicas propuestas de desarrollo que se plantean para la Amazonia sean de corte agrarista o extractivista e invitó a promover una alternativa de economía con el “bosques en pie”.
Ledgar Arevalo, presidente de la Junta Nacional de Productores de Palma, señaló que data concreta indica que los pequeños y medianos productores de esta oleaginosa, han logrado salir de la pobreza y abandonar cultivos ilícitos como la coca. No considera que la palma signifique deforestación en el Perú porque se desarrolla sobre todo en áreas ya deforestadas o usadas antes para cultivo de coca u otros que ya no son rentables. Lamentó la existencia de casos de deforestación o vulneración de derechos que han estigmatizado a su producto y solicitó que se apruebe el Plan desarrollado por el MINAGRI, porque los ayudaría a obtener el estándar internacional del RSPO. Recordó que ellos han sido promovidos por el estado y la cooperación internacional, pero no sienten un real apoyo, como ejemplo, desde el 2005 existe en el Perú el mandato de comprar biodiesel para mezclarlo con los combustibles fósiles, pero ellos no se han beneficiado en absoluto, porque Petroperú compra el aceite a productores argentinos, que además están subsidiados. Suscribe el pedido de Aidesep para titular previamente las tierras comunales, lo que les ayudaría a evitar futuros conflictos.
Alicia Abanto, adjunta de la DP para Medio Ambiente y Servicios Públicos señaló que su institución ha evaluado diversas denuncias relativas a esta actividad, ligadas a deforestación y conflictos territoriales. Su balance general es que, más allá de la buena voluntad del MINAGRI o del Gremio de Palmicultores, la debilidad territorial y operativa del estado en la Amazonía, impide un control real de estos fenómenos. Además de esta limitante estructural, lamentó que algunos altos funcionarios con voluntad de ejercer fiscalización forestal, hayan sido removidos de sus cargos durante los últimos años e invitó al MINAGRI a hacerse cargo de los problemas del sector agroindustrial en el país, porque constatan que solo MINAM o la Fiscalía han sumido alguna responsabilidad, pero se ven impedidos de avanzar porque el ente competente no desarrolla vigilancia o sanciones oportunas.
La presentación de esta investigación ha sido entonces una oportunidad para abordar este complejo problema desde sus diversas aristas. Desde Oxfam profundizaremos el debate y nos comprometemos a elevarlo a los escenarios globales de discusión sobre políticas agrarias y energéticas. En concreto aportaremos a la discusión sobre la política energética de la UE, donde el tema de agrocombustibles y palma aceitera es central.