Se inició la Semana de Acción Global por la #JusticiaFiscal en el mundo para decirle a los gobernantes que es urgente garantizar un sistema fiscal más justo que permita financiar los servicios educativos y sanitarios públicos.
Esta acción se realiza del 16 al 23 de junio en el marco de la ronda final de negociaciones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Financiación para el Desarrollo (FFD) que se desarrollará en julio próximo en Etiopía.
Gobiernos de todo el mundo participan en estas negociaciones para decidir cómo financiar la lucha contra la pobreza y la desigualdad en el mundo, y los países en desarrollo están presionando para garantizar su participación en igualdad de condiciones en el rediseño del sistema fiscal internacional.
Una fecha clave de la Semana de Acción Global por la #JusticiaFiscal es el Día Mundial de los Servicios Públicos que se celebra este 23 de junio, fecha en la que activistas a favor de la justicia social y sindicalistas de todo el mundo se manifestarán en favor de un sistema fiscal más justo que permita la financiación de servicios educativos y sanitarios públicos.
La Semana de Acción Global por la #JusticiaFiscal es promovida por la Alianza Global para la Justicia Fiscal en colaboración con sus aliados, como Oxfam, ActionAid, Christian Aid, y sindicatos internacionales, como la Federación de sindicatos Internacional de Servicios Públicos (PSI).
¿Por qué es importante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Financiación para el Desarrollo (FFD)?
Esta conferencia es una oportunidad crucial para impulsar el establecimiento de un nuevo organismo fiscal mundial en el que participen en igualdad de condiciones todos los Gobiernos. Se realizará a mediados de julio en Adís Abeba (Etiopía) y participarán gobiernos de todo el mundo.
Constituye un paso fundamental e indispensable para la adopción de un marco global post-2015 para los Objetivos de Desarrollo del Milenio y un nuevo tratado para la lucha contra el cambio climático. También una oportunidad crucial para subsanar los fallos de un sistema financiero internacional que expone al mundo a una mayor vulnerabilidad, pobreza y desigualdad.
¿Qué hemos solicitado al gobierno peruano desde Oxfam en Perú?
A través de una carta remitida al Ministerio de Economía y Finanzas del Perú, hemos solicitado apoyar una agenda de medidas a nivel global en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Financiación para el Desarrollo. Dichas medidas son:
- Creación de un Organismo Intergubernamental en materia fiscal, con una participación universal y recursos adecuados, de tal forma que dicho organismo convoque su primera reunión en el 2016. Este organismo garantizaría la participación de todos los países en el proceso de toma de decisiones sobre el futuro sistema fiscal internacional, y que se aborden las cuestiones sobre fiscalidad de mayor importancia para los países en desarrollo.
- Garantizar que se adquiera de nuevo el compromiso de destinar el 0,7% a la Ayuda Oficial al [1]Desarrollo (AOD) y que este compromiso esté respaldado con plazos tangibles y verificables e incluya objetivos claros para acelerar los progresos hacia la consecución de los compromisos adquiridos en París, Accra y Busan, así como el compromiso de aumentar la ayuda destinada a los países más pobres y vulnerables durante los próximos cinco años.
- Los países deberían comprometerse a garantizar la financiación de la lucha contra el cambio climático, y que esta sea parte del incremento total del presupuesto de Ayuda Oficial al Desarrollo – AOD. El incremento de la ayuda para la financiación climática y de la AOD deben ir de la mano y debe darse al mismo ritmo. Este sería un primer paso para frenar la desviación de fondos de AOD a la financiación de la lucha contra el cambio climático y lograr que esta se considere adicional a las promesas adquiridas, como la de destinar el 0,7% del PBI a AOD.
- Y, finalmente, reconocer el papel y las limitaciones de la financiación privada a la hora de hacer frente al reto del desarrollo sostenible. La financiación privada no debería utilizarse para cubrir los déficits de financiación pública y es necesario demostrar su adicionalidad para que su impacto en el desarrollo sea positivo y sostenible.