El cáncer es la segunda causa de muerte en el Perú. Cada año alrededor de 43 mil nuevos casos son detectados y las mujeres son las más afectadas. Se estima que del total de casos registrados en los últimos cinco años el 61.9% corresponde a mujeres. El cáncer de mama y de cuello uterino están entre las cuatro neoplasias más comunes en el país, concentrando el 30.7% del total de casos registrados en el 2016.
Por otra parte, un total de 196 medicamentos e insumos para tratar el cáncer, VIH y diabetes, están exonerados de pagar el impuesto general a las ventas (IGV) y derechos arancelarios. Sin embargo, el análisis muestra que estos beneficios tributarios no se han visto reflejados en los usuarios finales, aquellos que padecen la enfermedad, dado que los precios de venta de los medicamentos no se han reducido. ¿Cuál ha sido entonces la racionalidad de estas exoneraciones? ¿A quiénes benefician realmente?
"La otra lucha contra el cáncer: justicia fiscal por la salud de las mujeres", condensa una serie de hallazgos que dan cuenta del impacto que tiene sobre los ingresos públicos, la política de exoneraciones tributarias a los medicamentos. Junto a ello, de manera comparativa, se han identificado las necesidades de inversión pública para atender las brechas de acceso que sufren las mujeres para acceder a la prevención y tratamiento del cáncer.
Cabe señalar que solo entre 2016 y 2017, las exoneraciones tributarias a 12 medicamentos oncológicos le costó al Estado peruano S/. 34 millones, recursos con los que se podría haber cubierto el tratamiento de 1,116 mujeres con cáncer de cuello uterino o 950 con cáncer de mama en los estados más avanzados.
La otra lucha contra el cáncer, es aquella de la justicia fiscal: la de la lucha por el financiamiento de las políticas de prevención, que permitan no solo la detección temprana, sino la mejora de la cobertura y servicios de salud. Por ello, el estudio propone racionalizar las exoneraciones tributarias, asegurando que estas beneficien efectivamente a la población, sean discutidas con transparencia y estén basadas en estudios costo-beneficio; evaluar las exoneraciones tributarias a los medicamentos, para corregir las distorsiones existentes y asegurar el impacto positivo en usuarios y pacientes, así como limitar el fraude fiscal, regulando la elusión tributaria y persiguiendo la evasión fiscal, son algunas de las medidas urgentes.